Los micros yendo y viniendo, los puestos montados y repletos de mercadería de dudosa procedencia, un asfalto disparejo que conecta a los locales con los manteros que venden en plena calle y el Riachuelo de fondo caracterizan una escena ya cotidiana para los vecinos de Lomas de Zamora. De pronto, llegan los clientes de a montones, saliendo disparados de los micros que los trajeron desde distintos puntos del país, para dirigirse a las ferias que componen el megapredio de La Salada. Día tras día multitudes recorren sus angostos caminos para encontrar productos a precios desconocidos en los grandes shoppings y locales. 

Tres ferias protagonizan sus tareas cotidianas: Urkupiña, Punta Mogotes y Ocean. Resultado de un legado de tomas de tierra, inmigración limítrofe, aglomeración urbana y connivencia política característico de la Argentina contemporánea, la feria abre, generalmente, todos los lunes, miércoles y sábados a lo largo de la mañana. Los comerciantes, argentinos, peruanos, bolivianos y paraguayos, le venden al por mayor a minoristas de todo el país productos baratos, particularmente de marcas falsificadas, para que se puedan comerciar en distintos puntos del territorio nacional sin incurrir en excesivos costos capaces de encarecer el producto final. En su cotidianidad no son extraños algunos balazos, conflictos por los espacios para vender y, por qué no, el asesinato de algún trabajador. Los que viven La Salada entienden que el negocio es día a día, que nada, en su masividad, se encuentra garantizado. 

Una postal propia de la Argentina contemporánea, extraordinariamente estructurada, firmemente organizada y marcada por la marginalidad, la pobreza y la corrupción del espacio público. De cualquier forma, no deja de ser la feria más grande del país, tal vez de la región. Se dice que en un mal día suele recibir 100.000 personas, mientras que el promedio ronda el millón de compradores por jornada. Su origen en la década del 90, caracterizado por aquella Argentina que estaba empezando a convivir con una pobreza estructural, dio lugar a una organización que vivió y se nutrió de la opacidad y la informalidad. Un esquema que es conocido y reconocido, a nivel local e internacional, por la evasión impositiva, la falsificación de marcas y el contrabando de productos y que cuenta, en su interior, con un extraordinario negocio inmobiliario que le ha brindado a los organizadores de los distintos predios retornos millonarios. 

Esta película, no obstante, alcanzó un inesperado intermedio el 22 de mayo del presente año cuando la justicia federal decretó la clausura temporal del megapredio en el contexto de una investigación por lavado de activos que terminó, a su vez, en el encarcelamiento de los grandes organizadores de la empresa (entre los que se encontraba Jorge Castillo, el reconocido “Rey de La Salada”). De pronto, los micros dejaron de pasar, las multitudes se diluyeron y los feriantes perdieron toda su clientela. 

Se dejó entrever, de esta forma, otra cara de La Salada, desconocida hasta el momento para el mundo que le es ajeno: miles de trabajadores perdían ese trabajo que, al menos, les garantizaba su supervivencia. Rehenes ellos también del esquema corrupto y mafioso que administraba el lugar, necesitaban del predio, de los puestos, para no caer en la penumbra de una pobreza aún menos reconocida y registrada que la que de por sí ya conocían. Se destaca una paradoja propia de la moderna Argentina democrática, propia de esta Argentina que recuperó su institucionalidad reclamando la primacía de la norma y la igualdad ante la ley: La Salada aparece como un mal necesario, una realidad que no se ajusta a la norma positiva que nos gobierna, pero que aún así supo construir una enorme autonomía al interior de los sectores más humildes de la sociedad. Se convirtió en algo en sí mismo, en una realidad irrefutable, necesaria y condicionante del mundo formal.

Borges afirmaba, recuperando a Tennyson, que no hay hecho, no existe particularidad en el porvenir de los acontecimientos, que por más simple que sea no remita a la universalidad de la historia. Con la ventaja que nos concede la perspectiva, hoy podemos decir que el cierre no pareció tanto un acto de justicia sino el inicio de una potencial crisis social de magnitudes difíciles de concebir. Una acción que en la superficie parecía ser correcta, que parecía llevar adelante una medida necesaria para garantizar el cumplimento concreto y correcto de la ley, se convirtió en una situación que obligó al país a ver la realidad de aquella argentina que tanto cuesta concebir. Durante 26 días, desde aquel 22 de mayo hasta el 16 de junio, los feriantes protestaron para conseguir una respuesta a sus problemáticas, afirmando que el cierre no constataba una solución, sino un agravamiento de la realidad de trabajadores de por sí ya precarizados y abandonados por un Estado local, provincial y nacional que estupefacto observaba la posible génesis de una pugna de tipo existencial. Un posible enfrentamiento abierto entre el mundo que debe ser y el mundo que realmente es. 

La Salada es un testimonio de la informalidad. Mejor dicho, es el testimonio de la informalidad. Hablamos de un mundo en el que las prácticas de los actores se encuentran sistematizadas por fuera, e incluso por encima, de la norma escrita. Todo reflejo de un orden consuetudinario extraordinariamente organizado que, a su vez, nos explica cómo llegó esa informalidad a ser lo que es hoy. Como supo destacar muy bien Matías Dewey en su trabajo acerca de la clandestinidad en la Argentina, La Salada es un vestigio de cómo aquello legal convive con lo ilegal. De cómo lo informal se relaciona con lo formal de forma profunda e íntima. Demuestra los lazos que existen entre las autoridades del Estado y los referentes del mundo subterráneo y, a su vez, revela cómo estos últimos solo pueden existir y desarrollarse con la complacencia de un Estado dispuesto a dejar hacer siempre que se garantice el orden y la convivencia pacífica. 

Los testimonios que supo recolectar Dewey reflejan todo este entramado. El cobro de “impuestos” a los puesteros y vendedores por parte de la policía local y la complacencia de la política permitieron que este mundo se expandiera como un espacio de socialización para los actores de la periferia social de la zona y del país. Un lugar donde los que cada vez menos tienen pueden ir a consumir a precios accesibles e incluso conseguir algún empleo no registrado. Un verdadero espacio de contención para los olvidados. 

“Un lugar donde los que cada vez menos tienen pueden ir a consumir a precios accesibles e incluso conseguir algún empleo no registrado. Un verdadero espacio de contención para los olvidados.”

Sin embargo, durante 26 días, de mayo a junio, este esquema se detuvo sin saber con precisión cuándo iba a retornar. En esta coyuntura, particularmente, los medios de comunicación posaron sus ojos y su atención sobre La Salada. Pero lo hicieron de una forma distinta. Si en el pasado el enfoque era la ropa falsificada, el contrabando y el negocio inmobiliario llevado adelante por los organizadores de los predios, en esos días el foco se centró en las personas. En los comerciantes y trabajadores que cortaban las rutas para reclamar, no por la ilegalidad, no por la informalidad, sino por sus puestos de trabajo. Por la necesidad que tenían para llevar adelante sus actividades. Así hablaban los feriantes, con temor de no exponer a sus superiores, a sus jefes tácitos, buscando garantizar ese espacio que les permitía permanecer, al menos en el borde, del mundo que conocemos. 

Quiebres y continuidades  

Puente La Noria representa el nexo entre el sur de la ciudad y Lomas de Zamora, atravesando el Riachuelo y el Río Matanza. Escenario de distintas manifestaciones a lo largo de los años, el 2 de junio a las siete de la mañana comenzó el bloqueo del tránsito por parte de los trabajadores de La Salada. La indignación de los automovilistas pronto llamó la atención de los medios de comunicación nacionales que se acercaron al lugar a reportar lo que sucedía. 

Alrededor de las nueve comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas federales, mientras los canales de televisión, atentos en los márgenes, captaban el conflicto y, a su vez, antes y después, conversaban con distintos manifestantes. La imagen reflejaba protagonistas distintos y variados, personajes que irrumpieron en la vida argentina hace décadas y ya son parte del elenco estable de los enfrentamientos públicos en el país. 

“Es una fuente de trabajo histórica (…) Es una cadena de producción. Hay cafeteros, carreros, proveedores de insumos, de todo (…) Es una cadena interminable”, afirmaba un trabajador del predio aquella gélida mañana de otoño. La particularidad de La Salada es justamente la que destaca el hombre: conforma una cadena de producción que abastece de productos baratos a una mayoría de los locales del país y le presenta a los habitantes de Lomas de Zamora y de los partidos aledaños oportunidades laborales concretas. Pero también es el punto de llegada de un engranaje sustentado a base de talleres textiles clandestinos, contrabando y trabajo extraordinariamente precarizado. Es la fábrica propia del mundo de la marginalidad. 

Esta realidad, no obstante, no puede ignorar las particularidades características de la organización económica y política de la Argentina. Una importante inestabilidad en los precios (que fluctúan permanentemente), alteraciones constantes en la capacidad de compra de la ciudadanía y un tipo de cambio caótico que en momentos pasa de la normalización a estrictos controles de capitales que juegan con la oferta oficial y extraoficial de divisas extranjeras condimentan una escena que viene construyéndose hace ya bastante tiempo. Las dificultades económicas, las particularidades de la organización de las finanzas públicas del país, y, a su vez, la estabilidad, a grandes rasgos, en la representación política en los distintos niveles de gobierno representan, como destacan Juan Manuel Abal Medina y Andrea Ariza, una anomalía en términos regionales. El país no ha sido capaz de consolidar un esquema macroeconómico común, solamente consiguiendo, entre programas de estabilización, la expansión de la pobreza y la marginalidad. Pero aún así y todo se mantienen, con determinadas modificaciones, estructuras comunes de representación hace largo tiempo. Las instituciones permanecen, con actores similares, mientras la economía pasa de la estabilidad a las crisis más preocupantes. La Salada es un producto de esto, el resultado de patrones estables e informales de gobierno que conviven con una economía que lleva a cada vez más familias a la pobreza y a la marginalidad.

“De carrero trabajo en la feria ‘Urkupiña’ (…) Y en la feria, como te digo, hay muchas familias que viven de la feria y todos se meten con el tema de Castillo (el responsable del predio ‘Punta Mogotes’), pero atrás de Castillo hay mucha gente. Lo primero que queremos es que se arregle, acá vinimos a cortar por el laburo (…)”, afirmaba otro trabajador que insistía, como muchos, en la importancia del trabajo. Y el trabajo, los ingresos en general, no dejan de representar una particularidad en poblaciones marginalizadas. Establecen un determinado orden, una determinada estructura de la vida en comunidad que permite prever lo que va a suceder. Los que brindan ese trabajo, los que brindan esos ingresos, sean los punteros de la zona con lazos estrechos con la política local o un predio como La Salada, son recibidos como dadores de oportunidades. Como actores o estructuras que al menos le brindan algo a los que menos tienen y permiten encauzar cualquier esfuerzo comunitario. 

“Y el trabajo, los ingresos en general, no dejan de representar una particularidad en poblaciones marginalizadas. Establecen un determinado orden, una determinada estructura de la vida en comunidad que permite prever lo que va a suceder. Los que brindan ese trabajo, los que brindan esos ingresos, sean los punteros de la zona con lazos estrechos con la política local o un predio como La Salada, son recibidos como dadores de oportunidades.”

Por eso, y siguiendo los planteos de autores como Javier Auyero, por ejemplo, la constante es una relación íntima y de confianza con esas estructuras y protagonistas que están en el día a día en el lugar. Se suele destacar, en este sentido, la figura del puntero político y la tarea social que cumple en el barrio (a cambio de la voluntaria participación del vecino en el esfuerzo proselitista e incluso en la elección misma), pero La Salada, por su magnitud, alcance e informalidad, puede ocupar y cumplir un rol similar. Aunque no cuente necesariamente con recursos del Estado en cualquiera de sus niveles, sí vive y se expande gracias a la connivencia política. Los dirigentes locales toleran la ilegalidad en favor de un bien superior, o directamente porque consiguen algún beneficio espurio, y las fuerzas de seguridad actúan de la misma forma. Entienden que el orden es un bien preciado en comunidades carenciadas y garantizarlo demanda actuar desde los márgenes de la ley. No deja de ser un intercambio material que beneficia a quienes brindan protección y a quienes la reciben. 

Tiranos y anarquistas  

En la calle Tilcara, entre las ferias de Punta Mogotes y Urkupiña, se empezaron a ubicar los primeros feriantes. Era una mañana helada de junio, abrigos y bufandas por doquier y, frente al frío, los trabajadores de La Salada, imposibilitados para entrar a sus puestos habituales de trabajo, se ubicaron en las calles y empezaron a vender. La situación judicial no había cambiado, la clausura permanecía, pero la escena parecía seguir la costumbre incorporada hacía décadas por los protagonistas del lugar: puesteros vendiendo las usuales prendas que se pueden encontrar en la megaferia, cafeteros recorriendo incesantemente las calles para suministrar una bebida caliente a vendedores y compradores y carreros encargados de transportar la mercadería para permitir que la rueda siga girando y que el sistema siga generando sus tan opacos réditos. 

El lunes 9 de junio estuvo caracterizado por la realización de una feria al aire libre. El día después de un allanamiento a los distintos predios que secuestró mercadería falsificada los feriantes decidieron llevar a cabo una feria similar a la que se supo conocer y rechazar, pero ahora organizada en las calles de Lomas de Zamora. Este retorno, en forma de protesta, de reclamo insurrecto, fue especialmente delicado para los actores poderosos de la historia. Los vendedores y los manteros del predio, aporten o no a la estructura administrativa extraordinariamente informal que controla y organiza la empresa, tienen una relación, más o menos directa, con el poder en la zona. Todos conviven con la policía, con las autoridades oficiales, en la forma de intercambios concretos: dinero y recursos a cambio de protección. Todos pagan, todos aportan, fundamentalmente, de forma voluntaria porque entienden que, por más exagerada que sea la cifra, es mejor el orden al desorden y conciben que, mientras la movida sea rentable, todo se puede negociar. Debe existir una estructura y alguien tiene que poner las armas y los hombres para garantizar el fluido funcionamiento del negocio. 

“Todos conviven con la policía, con las autoridades oficiales, en la forma de intercambios concretos: dinero y recursos a cambio de protección. Todos pagan, todos aportan, fundamentalmente, de forma voluntaria porque entienden que, por más exagerada que sea la cifra, es mejor el orden al desorden y conciben que, mientras la movida sea rentable, todo se puede negociar.”

La feria al aire libre representaba una amenaza a la esencia propia de la empresa que se administraba con semejante estructura: una masa indignada actuando por fuera de lo establecido para poder seguir vendiendo y comerciando. No sólo pierden los jefes sus porcentajes, se arriesgan a que la situación se agrave, a que se presenten hechos dramáticos que atraigan aún más la atención de los medios de comunicación nacionales y se construya, con todavía más vigor, la narrativa de que es necesario que el mundo formal invada y modifique los asuntos del mundo no registrado. 

El peligro de la desorganización, la amenaza de que algo salga mal incluso en el mundo del apriete, la compra de voluntades y la extorsión, recupera preocupaciones históricas de la Argentina que se remontan a su misma fundación. Autores como Halperín Donghi insinuaron, con bastante razón, que la Argentina se constituyó como país no resolviendo los conflictos sino ordenándolos. Es decir, institucionalizando los problemas y permitiendo que las demandas y las peleas del pasado transiten por canales más o menos formales, pero canales de resolución de conflictos al fin. La pobreza, la marginación de millones de argentinos, representa el gran problema de nuestra época y el Estado argentino, siguiendo su espíritu histórico, parece solo ser capaz de responder construyendo instituciones, formales e informales, que busquen contener a los más perjudicados. No hay respuesta concreta, sino la alternativa de perpetuar el conflicto de forma sistemática. 

El día después 

El lunes 16 de junio, 26 días después de la clausura, La Salada reabrió sus puertas. Las ferias de Urkupiña y Ocean anunciaron con entusiasmo, días antes, la reapertura en redes sociales respetando las demandas de la justicia: normalización de la situación tributaria del emprendimiento, formalización de los trabajadores y regularización de la actividad económica. 

El Borges ficticio, aquel representante de multitudes, veía en el Zahir, además de aquella milenaria moneda, un objeto que permitía concebir el universo, el todo, lo absoluto. Existía la idea, la aspiración, de que detrás de la misma moneda, detrás de la representación circunstancial de lo que es todo, detrás del objeto uno podría encontrarse con Dios. 

Detrás de La Salada, la otra cara que está por encima de las coberturas de los medios y de las críticas propiciadas a la feria por republicanos varios, puede uno encontrarse con mucho más que una megaferia que vende prendas falsificadas. Detrás de ella hay un mapa, un entramado del submundo de la política y la economía del sur del Conurbano Bonaerense. 

Se lo puede ver como el fiel y noble reflejo de aquellas instituciones extractivas que tanto destacaron Acemoglu y Robinson en su premiado trabajo acerca del fracaso de los países. Instituciones que, en vez de plantear un programa de desarrollo concreto y sustentable, se enfocan en el saqueo de la ciudadanía en búsqueda de beneficios particulares para sus protagonistas. Es la privatización de la protección de Dewey que demanda de la connivencia política para construir un sistema informal caracterizado por la obediencia, las grandes ganancias y los beneficios sectarios. Políticos, policías, dirigentes distritales y empresarios de todo nivel participan de un esquema que brinda réditos extraordinarios a base de la suspensión del cumplimiento de la ley y del establecimiento de un orden paralelo capaz de construir una convivencia clandestina. 

Los requisitos de la justicia para la reapertura de La Salada, y la voluntad del gobierno municipal, provincial y nacional para lograrlo, pueden, sin embargo, parecer un quiebre. Una ruptura con un pasado de informalidad e ilegalidad caracterizado por la suspensión del Estado de Derecho. No obstante, esta visión del problema ignora que no estamos hablando de un caso aislado, sino de un sistema. Ya aparecieron en los medios testimonios de feriantes quejándose por la competencia desleal que llevan a cabo otros actores del rubro como La Gran Dulce (la feria de La Matanza que replica, en menor medida, características propias de La Salada) y los comercios de indumentaria de calle Avellaneda en el barrio porteño de Flores. También podríamos sumar todo el entramado de “saladitas” que existen por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y que comercian la misma mercadería que la gran feria de Lomas de Zamora. Entonces, en última instancia estamos hablando de una estructura extraordinariamente ordenada de la cual participan y se benefician los más diversos actores públicos y privados. Una estructura que refleja, en sus prácticas cotidianas, el intercambio y la codependencia que existe entre la marginalidad, la ilegalidad y el imperio de la ley. Los lazos espurios entre estos mundos, las relaciones entre sus jefes, permiten encauzar el esfuerzo comunitario en un país cada vez más heterogéneo.

Cabe preguntarse, entonces, con qué intención fueron diseñadas estas instituciones dispuestas por la justicia. ¿Es el objetivo terminar con los talleres textiles clandestinos y el contrabando? ¿O es en realidad todo una pantomima diseñada para apaciguar a los críticos y comentaristas de la realidad? La Salada puede cambiar, en su particularidad, pero el sistema se sustenta de la informalidad y la ilegalidad. Su magnitud la posiciona en el centro de la escena pública, con los medios acechándola por doquier, aunque la trama que le brinda sentido sigue existiendo gracias a la complicidad de actores, tanto civiles como políticos, que no tienen ningún interés en reformar la lógica que gobierna el submundo de la sociedad argentina. 

La dificultad radica en que no parece existir un acuerdo entre las preferencias de los actores y las instituciones que buscan regular, no solo la actividad económica de La Salada, sino este negocio caracterizado por la producción y comercialización de productos falsificados. Es imposible controlar la informalidad si no existe el consenso social para hacerlo y en el caso particular de La Salada demasiados dependen de ella. Alcanzó un grado de autonomía difícil de contener, sostenido a base del esfuerzo clandestino de decenas de miles de trabajadores. 

“Es imposible controlar la informalidad si no existe el consenso social para hacerlo y en el caso particular de La Salada demasiados dependen de ella. Alcanzó un grado de autonomía difícil de contener, sostenido a base del esfuerzo clandestino de decenas de miles de trabajadores.”

De alguna forma, en algún sentido, aún así, La Salada y sus ramificaciones son inevitables. Como afirma Jorge Ossona, la Argentina de la democracia ve en la pobreza una cultura que irrumpe en el país de la movilidad ascendente y de la integración social. Este nuevo mundo, que en algún momento supo representar un espacio transitorio en las trayectorias de los menos beneficiados, es hoy un actor estable. Imposible de ignorar desde la práctica política y, consecuentemente, imposible de excluir de la administración de lo público.

Por Martín Bilopolsky, Mariano Rodríguez y Ezequiel Valdecantos